Acabamos de leer con preocupación las declaraciones del presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, que ha lanzado un alarmante diagnóstico a las economías occidentales, y que es válido para España. «El mundo se encuentra en una encrucijada. Podemos seguir por la actual senda de polarización, conflictos crecientes y numerosos problemas sin resolver, con lo que en el mejor de los casos terminaremos en una crisis mundial permanente. En el peor, degenerará en el caos con impredecibles consecuencias».
Está claro cómo deben enfrentar estas situaciones las empresas, deben mejorar su capacidad de adaptación una vez más, reinventando sus procesos, intentando que la economía no genere dos velocidades muy distintas, las de los grandes gigantes tecnológicos y financieros, y las de las pymes. Pero, ¿y los gobiernos? ¿Tendrán que hacer algo?… No puede ser que mientras empresas con beneficios ajustan sus plantillas para ajustar sus estructuras y anuncian despidos, empresas públicas españolas por ejemplo, con pérdidas descomunales, anuncian contrataciones de miles de empleados.
En un momento de desaceleración macroeconómica como el actual, el análisis desde el Observatorio Económico de la Provincia de Alicante (OEA) es que estas acciones, con criterios electorales, nos alejan de los países de primera división, condenándonos a incrementar la ya tremenda deuda pública, generando un efecto expulsión del sector privado de la financiación e impidiendo que el crédito fluya en nuestras pymes y micro empresas, que son el 86% de nuestro tejido.
Este problema, en provincias como Alicante, es especialmente sensible, ya que nos condena a un modelo productivo de muy bajo valor añadido y que supone una losa que hipoteca nuestro futuro. Esta encrucijada que anuncia el FEM decidirá si podemos seguir en un futuro como economía desarrollada o terminaremos en una posición empobrecida al servicio de los nuevos actores, y para ello no podemos seguir aplicando políticas económicas con esquemas de hace veinte años.
Pensamos que no es el momento de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) no creíbles, con un incremento de recaudación esperada de más de 20.000 millones de euros a costa de los autónomos, de los propietarios de un vehículo diésel, y a costa de ahuyentar más a las grandes empresas. Además, son expansivos con 6.000 millones de euros de ingresos ficticios que vuelvan a comprometer el futuro con nueva deuda que, por supuesto, no van a pagar quienes los han redactado y con unas asimetrías sonrojantes, como el súbito esfuerzo inversor en Cataluña, quitándolo de Canarias y, por supuesto, de Alicante.
Respecto a las medidas de subida de gasto pueden provocar una reducción de la contratación, reduciendo el ingreso vía IRPF o ISS, y aumentando el gasto indirectamente. Justo lo contrario de lo que habría que hacer.
La economía debe regirse con criterios técnicos, repartir el presupuesto de gasto según la aportación al PIB de cada provincia, ajustándolo al criterio poblacional y fomentar inversiones que aporten valor como el Distrito Digital, los parques tecnológicos, el turismo de calidad o la olvidada Zona Franca.
Otro criterio debería ser la gestión de la deuda autonómica, donde por seguir con el mismo ejemplo, la deuda catalana está al nivel de algún país africano, pero sigue creciendo con el aval del Gobierno de España paradójicamente. No puede ser que quien gestiona de esa manera algo que debería ser atípico, como es el aumento de deuda, encima se lleve un 18% de las inversiones.
Sería importante que entendieran los gobiernos que para repartir riqueza, primero hay que crearla. De nada sirve ajustar el déficit si subimos la deuda. De nada sirve que suban sueldos a funcionarios o pensionistas si no se controlan las principales variables, como la inflación. Con las tasas actuales, en cinco años podemos perder casi el 10% de los ahorros.
¿No es hora de que los políticos que toman decisiones que perjudican no ya el presente, sino el futuro de una región, tengan alguna responsabilidad en ello?